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Boletín de prensa 31 de marzo de 2011
EL TIEMPO
GOBIERNO EMPUJÓ REFERENDO CONTRA VIOLADORES
Avanzó el proyecto que busca cadena perpetua a quienes atenten contra menores de 14 años.
Un 'empujoncito' del Gobierno, a última hora, salvó este miércoles el referendo que propone darles cadena perpetua a quienes incurran en "homicidio doloso, violación y explotación sexual, maltrato severo y secuestro" contra los niños.
Algunos senadores, como Roy Barreras, de 'la U', criticaron que el texto constitucional sentara como principio general la aplicación de la prisión perpetua a cualquier tipo de violación o maltrato.
Sin embargo, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aprovechó un receso en el debate para lograr la unanimidad del conservatismo, de 'la U' y de los verdes en torno a una propuesta de Barreras, tras lo cual la Comisión Primera del Senado aprobó la iniciativa con 10 votos a favor.
Lo que permitió que pasara en el primero de los cuatro debates fue la inclusión de un término de condicionalidad. En el proyecto inicial se hablaba de que "procederá la pena de prisión perpetua de acuerdo con la ley ....", mientras el texto avalado el miércoles señala que "podrá aplicar la pena de prisión perpetua de acuerdo la ley....".
La senadora Gilma Jímenez, impulsora del referendo, recordó a algunas víctimas de los violadores.
"A nombre de los 14 millones de niños, de los dos millones y medio de personas que firmaron el referendo, de Santiago, Karen Tatiana y Karen Manuela (niños asesinados o violados), gracias", dijo.
En contra votaron el Polo Democrático, el Partido Liberal y el PIN.
CORTE SUPREMA INSATISFECHA POR ARTÍCULOS DEL ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN
No comparte que la Sala Disciplinaria de la Judicatura juzgue a empleados de la rama judicial.
Así se lo hizo saber ayer el alto tribunal al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Zuluaga, en una carta conocida por ELTIEMPO.COM
Según el presidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino Gallego, el alto tribunal "registra con gran preocupación la inclusión de los artículos 46 y 48" de la iniciativa, a la cual solamente le falta un debate en la plenaria de la Cámara de Representantes para ser ley.
El artículo 46 del texto que aprobó la Comisión Primera de la Cámara el pasado miércoles 9 de marzo, dice que "la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura examinará la conducta y sancionará las faltas de los empleados de la Rama Judicial y Auxiliares de la Justicia".
Y el artículo 48 reza que la misma sala de la Judicatura "podrá diseñar políticas de prevención" y "ejercerá vigilancia preventiva e iniciará o promoverá las acciones judiciales y disciplinarias cuando evidencie actos de corrupción que deban ser investigados por funcionarios judiciales y estos no lo hacen".
Los argumentos de la Corte Suprema para oponerse a estos dos artículos son dos. En primer lugar, que si "el propósito del Gobierno Nacional con el proyecto de reforma a la Justicia es la supresión de aquella entidad (la Judicatura) no se entendería cómo en este proyecto de ley se propone ampliar sus facultades".
Y en segundo lugar que esta competencia de juzgamiento la tiene, según la Constitución, el Procurador General de la Nación.
El artículo 277 de la Carta Magna, en su numeral 6, reza que una de las facultades del jefe del Ministerio Público es "ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley".
Para la Corte Suprema, el ejercicio de ese poder preferente "no puede alterarse por ley", como sucedería de aprobarse el proyecto de estatuto anticorrupción en el Congreso.
"En este aspecto y en cuanto traslada la titularidad del ejercicio penal a la Sala Disciplinaria (de la Judicatura) el proyecto eventualmente tendría notorios tintes de inconstitucionalidad", alerta el alto tribunal.
El estudio de este proyecto en la plenaria de la Cámara será anunciado el martes de la próxima semana para iniciarlo al día siguiente.
CONGRESO REVIVIÓ DEBATE A LEY DE VÍCTIMAS
Este miércoles se estaban aprobando primeros 30 artículos de los más de 200 de la iniciativa.
La aprobación del referendo contra violadores en la Comisión Primera del Senado permitió que, finalmente, la ley de víctimas pudiera ser puesta de nuevo en el primer punto del día en su primer tercer debate en el Senado de la República.
Muestra de ello es que menos de 15 minutos después que le dieran el visto bueno al referendo, los legisladores ya estaban aprobando los primeros 30 artículos de los más de 200 que tienen esta iniciativa.
El propio Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, señaló que hay un acuerdo para aprobar en la siguiente sesión, el martes 5 de abril, por lo menos otros 90 artículos sobre los cuales no hay mayores diferencias entre los congresistas.
"Yo creo que al final la discusión se va a limitar a no más de cinco artículos", aseguró Vargas Lleras, quien dijo que tiene la esperanza de que la discusión del proyecto de víctimas concluya lo más pronto posible para dar paso a "la ejecución del compromiso más grande que tiene el Gobierno" del presidente Juan Manuel Santos.
GOBIERNO SUGIERE 'MODULAR' FALLO QUE TUMBÓ SEGUNDA EMERGENCIA INVERNAL
Presidente Santos dijo que si eso no pasa, no se podrá ayudar a buena parte de los damnificados.
Estudiar la posibilidad de "modular", es decir, permitir que los efectos del fallo que tumbó la segunda declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica no se apliquen de inmediato, le pidió a la Corte Constitucional el presidente Juan Manuel Santos.
La decisión del alto tribunal dejó sin piso doce decretos legislativos que se expidieron para hacer frente a las consecuencias de la ola invernal, así como otros tres expedidos al amparo de la primera declaratoria, que se hizo en diciembre del año pasado.
El Jefe de Estado se declaró "muy respetuoso" de la decisión de la Corte, pero le pidió a sus magistrados que "estudien la posibilidad de modular el fallo, sobre todo en lo que tiene que ver con el presupuesto de este año".
"Simplemente nos quedamos sin la capacidad de continuar con los pagos para que las ayudas les lleguen a los damnificados que están sufriendo", afirmó Santos.
Entre los decretos que se cayeron, se encuentran el que establecía una adición presupuestal de más de 5 billones de pesos, dinero que se distribuiría entre las entidades con las responsabilidades más sensibles en la atención de la emergencia, incluido el Fondo de Adaptación.
Tampoco quedó en pie otro decreto que abría la posibilidad de transferir recursos de dicho Fondo a entidades públicas del orden nacional o territorial.
Por otra parte, se quedó sin piso un subsidio durante seis meses para que los damnificados cubrieran el pago de servicios públicos domiciliarios de energía, gas y acueducto.
"Nos sería muy útil tener esa capacidad de seguir utilizando los recursos que se disponen para ayudar a estos compatriotas", puntualizó Santos.
Esta tarde, el mandatario realizará una rendición de cuentas sobre la entrega de ayudas a los damnificados. Se espera que durante el acto revele nuevas medidas para reducir el impacto de la decisión de la Corte Constitucional.
Las razones de la Corte
"El Gobierno no justificó la razón por la cual la primera emergencia social -dictada en diciembre pasado- no fue suficiente para superar la crisis provocada por el invierno", dijo el presidente de la Corte, el magistrado Juan Carlos Henao al anunciar el fallo adoptado en Sala Plena.
Los nueve magistrados que integran el alto tribunal concluyeron que el Ejecutivo no demostró en sus consideraciones la necesidad de medidas a adicionales a los decretos que dictó bajo la declaratoria inicial de emergencia.
Entre los decretos expedidos al amparo de la Emergencia que la Corte tumbó se encuentran medidas clave para el Gobierno, como la reforma de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y decisiones en materia presupuestal para hacer frente a la emergencia generada por la ola invernal.
El decreto que reformaba las CAR contemplaba la fusión de dos de ellas (una en la cuenca del Río Magdalena y otra en la región momposina) y otras medidas.
La adición presupuestal de más de 5 billones de pesos que se distribuiría entre las entidades con las responsabilidades más sensibles en la atención de la emergencia también queda sin efecto. Lo mismo el subsidio durante seis meses para el pago de servicios públicos domiciliarios de energía, gas y acueducto.
También cae el decreto que modificaba la distribución sectorial de recursos del sector salud del Sistema General de Participaciones, aumentando la participación de los de salud en un 0,5 por ciento.Lo mismo el decreto que redujo la velocidad para los vehículos, en carreteras, a 100 kilómetros por hora.
En la misma sesión, la Corte tumbó tres decretos más que dictó el gobierno bajo la primera declaratoria por haberlos expedido fuera de tiempo. Las disposiciones entraron en vigencia el 6 de enero de este año, un día después de haber expirado el término de 30 días que tenía de vigencia inicial de la excepción.
Casi 40 decretos en dos meses
El Gobierno expidió dos declaratorias de emergencia social y económica. La primera fue el 7 de diciembre del 2010,
con vigencia de un mes. Y la segunda, el 7 de enero pasado; el último paquete de decretos se expidió el 21 de enero. Cada uno rigió durante 20 días.
Gobierno llevará al Congreso adición presupuestal por $ 5.7 billones
Es una de las primeras medidas con las que buscará hacer frente a la decisión de la Corte Constitucional, que tumbó la segunda declaratoria de la Emergencia por el invierno.
Mediante un comunicado, la Casa de Nariño anunció medidas para manejar la "difícil situación que generan los efectos" del fallo.
El gobierno dijo que mañana mismo llegará al Congreso un proyecto con mensaje de urgencia que permita realizar una "adición presupuestal por $ 5.7 billones que garantice los recursos necesarios" para hacer frente a los efectos de la ola invernal durante este año.
De igual forma, se decidió que las medidas para generar empleo de emergencia que favorezca a los damnificados serán incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo que el Legislativo discute actualmente. La reforma de las CAR también se impulsará mediante proyecto de ley.
El Ejecutivo dijo que "estudiará mecanismos que permitan salvaguardar los beneficios tributarios y aduaneros para los afectados por la ola invernal, así como los beneficios otorgados para el cobro de los servicios públicos domiciliarios a los damnificados".
Aunque se declaró respetuoso del fallo de la Corte Constitucional y dijo que está a la espera de conocer el texto completo del mismo, el Gobierno consideró que la decisión del alto tribunal "afecta en manera grave los planes de atención humanitaria a los damnificados, mitigación de riesgos y reconstrucción de las zonas afectadas por la ola invernal".
El presidente Juan Manuel Santos encabezará este miércoles en la Casa de Nariño una rendición de cuentas sobre la ola invernal.
EDITORIAL: ¿LA EMERGENCIA EN EMERGENCIA?
Sin duda, el fallo del alto tribunal complica el plan del Gobierno.
Un fuerte revés recibieron los esfuerzos de atención a la tragedia invernal del Gobierno a raíz del último fallo de la Corte Constitucional. Por unanimidad, el máximo tribunal declaró inexequible el decreto 'madre' del segundo estado de emergencia social y con este se cayeron otra docena de iniciativas para afrontar los estragos de las lluvias.
El equipo jurídico de la Casa de Nariño fue incapaz de justificar ante los magistrados la necesidad de una segunda declaratoria de excepcionalidad. Esta determinación deja literalmente en el aire una batería amplia de medidas extraordinarias, que van desde los créditos agrícolas y los subsidios a los servicios públicos hasta la cirugía institucional de las corporaciones autónomas regionales (CAR).
Lo más grave es el desmonte del reajuste presupuestal por 5,7 billones de pesos con que el Gobierno pretendía financiar buena parte de la respuesta humanitaria y los fondos de reconstrucción. El Ejecutivo se quedó de un plumazo sin la destinación de millonarios rubros, las medidas de mitigación social, la valiosa auditoría de la Contraloría, la agilización de la contratación y la reforma de las autoridades ambientales.
La caída de los decretos llega en momentos de crecientes críticas a la ejecución regional de los recursos destinados a la ayuda para los casi tres millones de afectados. La Contraloría detectó en días pasados sobrecostos en las compras de alimentos para las víctimas del invierno en Córdoba y Sucre.
A pesar de que el monto de los giros a departamentos, municipios y otras entidades públicas supera los 243.000 millones de pesos, la lentitud para traducirlos en atención tangible está desesperando a las comunidades.
A esto se añade la falta de un censo unificado de los damnificados -que el Dane entregaría a mediados de abril- y de avances en las obras civiles, necesarias para resistir nuevos embates invernales. El próximo de los cuales ya está aquí: el Ideam pronostica precipitaciones más intensas en abril, que continuarán hasta junio. Si el despliegue humanitario está encontrando tropiezos, la inexequibilidad de la Emergencia tumba, asimismo, el músculo administrativo y fiscal que el Gobierno había diseñado para la reconstrucción y rehabilitación de las regiones golpeadas.
Para remediar esta situación, el presidente Santos anunció modificaciones en el Plan de Desarrollo, que hoy debaten los congresistas, y presentó ayer una iniciativa por 5,7 billones de pesos. El camino en el Legislativo no solo es más largo y sinuoso, sino que genera consecuencias indeseadas. Para tramitar con urgencia las medidas que la Corte dejó sin vigencia, la abultada agenda parlamentaria que la Casa de Nariño está impulsando -como la ley de víctimas y la de regalías- se retrasará inevitablemente.
Sin duda, el fallo del alto tribunal complica el plan del Gobierno y le "ata las manos", en palabras del Primer Mandatario. No obstante, este impasse jurídico es la mejor oportunidad para ajustar las deficiencias que ya se perfilan en el mayor desafío gerencial del Gobierno. Aumenta la brecha entre el liderazgo de la Presidencia de la República y los resultados tangibles y medibles en los territorios afectados. Desafortunadamente, no basta con la claridad ejecutiva y el compromiso político de la Casa de Nariño.
Aunque amenazado por las lluvias que vienen, el paquete estatal para encarar la emergencia invernal mantiene sólidas fuentes de financiación y en poco tiempo dispondrá de un conteo riguroso de víctimas y de daños. Las herramientas para la eficiente ejecución y los mecanismos de auditoría son los que necesitan sincronización.
DEBER Y RIESGO DE LA JUSTICIA
Habrá que ver cómo se dan plenas garantías a la función de la Justicia.
Desde cuando se asaltó y sacrificó a toda una Corte Suprema de Justicia, fue claro el peligro de quienes tienen la exigente y sagrada misión de administrarla en nombre de la República y por autoridad de la ley. El delito de cualquier categoría trata, sin ningún reato, de eludir sus consecuencias penales con la misma desfachatez con que se ha urdido y perpetrado. Lo estamos viendo, atónitos, en diversos lugares del país, como si los criminales tuvieran el tácito acuerdo de hacerse, por cualquier medio, a la impunidad. Las mafias variopintas se han dado su propia organización y sus reglas de comportamiento y castigo.
Con razón ha conmovido al país el aleve asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona, en Saravena (Arauca), donde ejercía sus delicadísimas funciones en dramático desamparo, ella sola luchando desde su escritorio contra la delincuencia de variadas formas, desde la que opera en cuadrillas de malhechores hasta la que se practica en forma desalmada e individual. Expedientes de mucha gravedad se hallaban a su cargo. Era excesivo e injusto imponerle deberes desproporcionados a la capacidad o a la voluntad de brindarle protección equivalente. Habiendo tantos intereses de por medio, entre otros la usurpación de tierras, la codicia sin freno y la perversión moral, el ejercicio de la justicia supone y demanda seguridad adecuada.
Por desgracia, su caso escalofriante no es único en el país. Simultáneamente se han dado a conocer siniestras amenazas a más juezas, curiosamente todas mujeres, en varias poblaciones y regiones y, peor aún, en la misma capital de la República, que se supone la mejor vigilada.
Impresiona especialmente el relato de la que ha de transportarse en el primer bus a su alcance, sin saber si en el mismo vehículo viajan agentes de aquellos a quienes ha aplicado el rigor ineludible de la ley. En este sentido, se ha pronunciado la señora fiscal, Viviane Morales, respecto de sus colaboradores que arriesgan sus vidas combatiendo el delito y desafiando la compra de conciencias.
Porque la compra de conciencias da trazas de haberse vuelto común en los intersticios de la contratación pública. Defraudar al Estado se convirtió en grande e inescrupuloso negocio y el soborno, en su instrumento propicio. Menos mal que las respectivas investigaciones están en altos niveles y bajo el ojo vigilante de los ciudadanos, sin riesgo de que se tuerzan, encubran o entren en mora indefinida. Lo que genéricamente hemos convenido en llamar corrupción es astuta actividad delictiva, reñida con claros preceptos legales y morales. Es el enriquecimiento torticero y una de las causas visibles del atraso de la infraestructura nacional. Por lo visto, aparte de la ola invernal la causa del problema no ha sido tanto la escasez o limitación de recursos como su masiva y ladrona apropiación.
Habrá que ver cómo se dan plenas garantías a la función de la Justicia, reubicando jueces, procurando que los procesos no se adelanten en focos de grave peligro y dando custodia efectiva a cuantos tienen la responsabilidad de administrarla. Tomando todas las precauciones para que no se burlen las acciones punitivas, ni la impunidad constituya invitación a repetir el delito. Lo de las bacrim (bandas criminales) y las Farc son cuestiones de orden público a cargo de las Fuerzas Militares.
EL ESPECTADOR
ACABAR 'TRANCÓN' LEGISLATIVO
Congreso quiere que proyectos sean aprobados por los expertos
El senador Armando Benedetti, presentó un proyecto para que a las comisiones primeras les sean retirados el estudio de todos los actos legislativos y leyes estatutarias.
El presidente del Senado pidió la aprobación de su proyecto, al entender, que los temas en el Congreso deben ser tratados por quienes más conocen de cada tópico.
El Congreso buscará una especie de autoregulación, encaminada a acabar con el ‘trancón’ legislativo que habitualmente existe en torno a las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes.
A través de un proyecto de ley se intentará quitarle a esas células legislativas, la discusión de todas las leyes estatutarias y reformas constitucionales que se tramitan. Actualmente, ese tipo de leyes y actos legislativos, sin importar el tema que traten, se discuten, debaten y aprueban en las primeras.
El promotor de la iniciativa, el presidente del Senado, Armando Benedetti, dijo que muchos temas que tienen que ver con salud o minas terminan en las primeras, “donde no saben absolutamente nada sobre eso”.
“Se trata, que sin importar si se trata de un acto legislativo, estatutaria o Código, se envíe el proyecto a la comisión de acuerdo al tema a tratar”, señaló.
La intención es que de acuerdo al fondo del asunto a tratar en los proyectos, sean las coisiones especializadas las que se encarguen realmente de sus trámites.
“No puede seguir pasando que algunas comisiones que saben bastante sobre el tema no puedan tocar los temas por tratarse, por ejemplo, de actos legislativos (…) no se están aprobando los proyectos por parte de los especialistas o de las personas y comisiones que sabe de algunos temas específicos”, explicó.
Sin embargo, Benedetti aclaró que las comisiones primeras son muy diligentes y han sabido responderle al país en los proyectos que han sido materia de estudio en los últimos meses.
Al inicio de su gestión como ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras no ocultó su preocupación por lo que llamó “congresistas de primera y segunda categoría”.
El ministro dijo que "las prioridades que se definieron en la agenda legislativa van a concentrar mucho trabajo" en las comisiones primeras.
Todo indica que este proyecto acabaría esa congestión legislativa, alrededor de las primeras del Congreso.
VIGILANCIAS DE CONTRALORÍA GENERAL AFECTADAS POR CAÍDA DE EMERGENCIA
Con la decisión de la Corte Constitucional se afecta la facultad de suspender la adjudicación de los contratos con dineros de la emergencia, advirtió la contralora General Sandra Morelli Rico al comentar la inconstitucionalidad de la segunda emergencia económica del presidente Santos.
Sin embargo aclaró que de todas formas se mantienen los controles ordinarios, existen las advertencias y las facultades de la Procuraduría.
Explicó que era una amplificación de las facultades de la Contraloría pero tampoco la decisión le ata las manos a la entidad de control para actuar. Es una norma de emergencia prevista para realizar control en tiempo real.
Morelli Rico dijo que la norma de emergencia estaba prevista para este específico caso de la emergencia. El organismo de control de las finanzas públicas había sido facultada en los decretos de la segunda emergencia para ejercer un control en tiempo real de los recursos de ayuda para los afectados por la ola invernal.
SANTOS PIDE A LA CORTE "MODULAR" SU FALLO
Aunque dijo que respeta el fallo sobre los decretos de la emergencia social, el presidente les recordó que el Gobierno quedó sin “capacidad” para atender a los damnificados.
Decisión de la Corte trastocó prioridades legislativas de Santos
El presidente Juan Manuel Santos pidió este miércoles a la Corte Constitucional “modular” su fallo sobre su decisión de tumbar la segunda declaratoria de emergencia social del Gobierno con respecto a la ola invernal.
Aunque se mostró respetuoso de la sentencia del Alto Tribunal, tras su saludo a la Corte, lo conminó a reasumir el estudio de los decretos y modular la sentencia.
Según él, el Gobierno perdió “capacidad” para atender la emergencia suscitada por la primera temporada invernal.
El Gobierno Nacional hará todo lo posible para que el fallo de la Corte Constitucional en relación con la Emergencia Económica, Social y Ecológica, no vaya a afectar a los damnificados por la ola invernal, afirmó este miércoles el Presidente Juan Manuel Santos.
“Vamos a hacer todos los esfuerzos para que los damnificados no vayan a sufrir las consecuencias”, manifestó el Mandatario en Bogotá, durante la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones de la Penitenciaría Nacional La Picota.
CASTIGO A VIOLADORES Y ASESINOS DE NIÑOS Y NIÑAS
Con lo 'justo' es aprobado referendo de prisión perpetua
Referendo de prisión perpetua sí será aprobado: promotores
El referendo de prisión perpetua para abusadores y agresores de niños y niñas menores de 14 años logró ser aprobado en su primer debate en la comisión primera del Senado.
Aunque se pensó que el referendo se ‘colgaba’, los promotores lograron el apoyo de 10 de 18 senadores de esa célula legislativa.
Fue necesario que la senadora Gilma Jiménez, vocera del comité promotor, explicara a los legisladores, durante un receso de 25 minutos, cómo iba a ser la pregunta por la cual los colombianos votarán.
Prácticamente ‘curul por curul’, la senadora tuvo que acudir a entregar detalles a los legisladores sobre el proyecto.
El principal reparo de los opositores fue una posible aplicación “desproporcionada” de la pena de prisión perpetua para los abusadores. Algunos, dentro de ellos los liberales, se preguntaron si hasta un pare que le dé rejo a su hijo, podría ser objeto de prisión perpetua.
El texto que quedó aprobado es el siguiente:
"Con relación a los delitos de homicidio doloso, violencia y explotación sexual, maltrato severo y secuestro, cometido contra menor de 14 años o menor de edad con discapacidad física o mental, podrá aplicar la pena de prisión perpetua, de acuerdo con la ley”.
Así fue la votación
1. Hernán Andrade (conservador) - Sí
2. Roy Barreras (La U) - Sí
3. Juan Fernando Cristo (Liberal) - No
4. Juan Manuel Corzo (conservador) - Sí
5. Eduardo Enríquez Maya (conservador) - Sí
6. Manuel Enríquez Rosero (La U) - Sí
7. Roberto Gerlein (conservador) - Sí
8. Luis Fernando Velasco (Liberal) - No
9. Jesús Ignacio García (Liberal) – No
10. Jorge Londoño (verde) - Sí
11. Carlos Soto (La U) - Sí
12. Emel Hurtado (PIN) – No
13. Karime Motta (La U) – Sí
14. Juan Manuel Galán (Liberal) – No
15. Juan Carlos Vélez (La U) – Sí
16. Luis Carlos Avellaneda (Polo) – No votó
17. Iván Moreno Rojas (Polo) – No votó
18. Juan Carlos Rizetto (PIN) – No votó
Crónica de la aprobación
Al inicio del debate de este miércoles se pensó lo peor para la iniciativa. El debate se dilató hasta el punto que el senador liberal, Juan Fernando Cristo, pidió cambiar el orden del día y empezar la discusión de su Ley de Víctimas. Aun así, no logró su objetivo porque los referendos, por ser iniciativas populares, tienen prioridad en la agenda legislativa.
Poco antes, se evidenció más los líos, toda vez que el senador Roy Barreras dijo que para la próxima semana la bancada de La U fue citada para someter a discusión una aprobación del referendo.
Según él se requiere una posición mayoritaria y no puede su partido aprobar sin consenso el proyecto.
Sin embargo, el debate empezó a tomar forma cuando el veterano senador Roberto Gerlein consideró que se debe votar el proyecto positivamente porque no se va a aprobar una ley que modifique o cambie el Código Penal colombiano. Así, según él, se despejan las dudas sobre la modulación de la pena.
“Lo único que votamos es abrir la puerta a la posibilidad de una consulta democrática a los colombianos –aun así, señaló Gerlein– no es fácil que más de siete millones de colombianos acudan a las urnas a votar el referendo”.
Finalmente, el acuerdo se logró gracias a un receso que fue promovido por el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras.
Piden no dejar en libertad a delincuentes capturados en flagrancia
DISGUSTO DEL GOBIERNO POR DECISIONES DE ALGUNOS JUECES
“Quisiera hacer un cordial llamado para que ese tipo de situaciones no se repita, porque eso genera un desanimo y tiene unas consecuencias muy negativas en el país”, dijo Santos
El Presidente Juan Manuel Santos se declaró sorprendido por la decisión de un juez, que puso en libertad a uno de los guerrilleros capturados la semana pasada en el Chocó, durante la operación en la cual la Fuerza Pública dio de baja a 10 integrantes del Frente 30 de las Farc.
“Quisiera hacer un cordial llamado para que ese tipo de situaciones no se repita, porque eso genera un desanimo y tiene unas consecuencias muy negativas en el país”, señaló el Jefe de Estado, al poner en servicio este miércoles el Pabellón de Alta Seguridad de la Cárcel La Picota, en Bogotá, según el comunicado de prensa de la Casa de Nariño.
Recordó que en medio del operativo realizado en las selvas del Chocó, las autoridades capturaron a cuatro guerrilleros uniformados y dentro del campamento atacado, los cuales fueron trasladados a Buenaventura, donde posteriormente un juez liberó a uno de ellos.
“Eso la verdad es que causa mucha sorpresa, mucho desánimo, porque después de semejante esfuerzo –la Fuerza Pública iba detrás de esa gente hace mucho tiempo- que un juez de buenas a primeras, en una situación tan clara, tan evidente, le dé por utilizar alguna argucia jurídica para liberar a uno de esos guerrilleros, me parece algo que no está bien”, subrayó el Mandatario, según precisa el informe de prensa del Gobierno.
Agregó que el martes el Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, tuvo la oportunidad de comentar el caso con el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Escobar, de quien “recibió una respuesta muy positiva”, concluyó Santos.
REVISTA SEMANA
RADICAN CON MENSAJE DE URGENCIA PROYECTO DE ADICIÓN PRESUPUESTAL PARA EMERGENCIA INVERNAL
Ante el atraso que pueda tener el proceso de atención de la emergencia invernal, tras el fallo de la Corte Constitucional, Minhacienda espera que la adición sea aprobada por el legislativo en máximo un mes.
Tras el fallo de la Corte Constitucional que tumbó la prórroga del estado de excepción, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, radicó en el Congreso la adición presupuestal por 5.7 billones de pesos.
Echeverry explicó que el proyecto lleva mensaje de urgencia con el fin de que sea tramitado de forma expedita por parte de la Cámara de Representantes y el Senado.
Para el titular de la cartera, el Gobierno cuenta con recursos suficientes para un mes y por eso se espera una decisión rápida por parte del legislativo en un máximo de 30 días.
Según el ministro, con la adición no se ajusta el monto del vigente presupuesto nacional, sino que sólo se busca subsanar la decisión del alto tribunal.
Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos expresó su disposición a "hacer todo lo posible para atender a los damnificados" y aceptó que la decisión genera atrasos en los planes de atención a la emergencia invernal: “Hay muchos programas importantes y necesarios que se verán interrumpidos. Hay que ver la forma de poner en marcha el programa para darle a los damnificados la oportunidad de ingresos y empleo”, dijo Santos durante la jornada de rendición de cuentas sobre la atención ante la emergencia invernal.
El presidente confirmó que el pasado martes entregó el mensaje de urgencia al Cogreso de la República para incluir en el presupuesto los 5,7 billones de pesos destinados a la atención de los afectados por el invierno más fuerte de la historia del país, recursos que habían sido incluidos en el presupuesto, vía decreto, uno de los 12 que tumbó la Corte.
Jorge Londoño, presidente del Fondo de Calamidades, advirtió que “24 horas después de conocerse el fallo, aún no sabemos el traumatismo que causa sobre el proceso. No queda duda de que el proceso va a sufrir una demora y que va a estar retrasado por algunos días”,dijo.
El pronunciamiento del Gobierno se dio a conocer durante la jornada de rendición de cuentas de este miércoles, en la cual se conocieron los avances en la atención de la emergencia.
Zonas inundadas en el país se redujeron solo el 15 por ciento
De las 2'091.871 hectáreas inundadas por las fuertes lluvias de 2010, año con el invierno más fuerte de la historia, apenas se ha recuperado, y de manera muy lenta, el 15 por ciento, según los análisis hechos por el Instituto Agustín Codazzi.
Ante este panorama, la amenaza de nuevas y más inundaciones en el país es alta, puesto que el nivel de precipitaciones será superior a los promedios por los efectos del fenómeno de la Niña, en especial en los meses de abril y mayo "en los que lloverá el doble del mes de marzo", informó Ricardo Lozano, director del IDEAM.
Los infores técnicos del IDEAM y del Instituto Agustín Codazzi preven que los efectos por el invierno podrían ser iguales a los registrados en los últimos meses de 2010 y primeros de 2011.
"La tragedia no ha cesado. La cantidad de agua que ha caído continúa porque el
fenómeno de la Niña continúa", aseguró el presidente Juan Manuel Santos durante la primera rendición de cuentas del Gobierno sobre la emergencia invernal.
Niveles de los ríos como Cauca y Magdalena siguen creciendo. "En mes y medio el río Magdalena podría alcanzar su cota más alta", agregó el director del IDEAM, situación que podría afectar nuevamente a los municipios de los departamentos del Atlántico y Bolívar, los más afectados por la ruptura del Canal del Dique.
El director del IDEAM no descartó que el fenómeno de la Niña, que está en etapa de debilitamiento, se extienda hasta el segundo semestre de 2011, lo que podría generar nuevos deslizamientos e inundaciones en la segunda temporada de lluvias del año.
CADENA PERPETUA "PODRÍA APLICARSE" A QUIENES ATENTEN CONTRA MENORES DE 14 AÑOS
Los delitos contra los niños podrían ser castigados incluso con prisión perpetua. El Congreso estudia si autoriza un referendo para que los ciudadanos decidan si esta puede ser la sanción.
Fue aprobado en primer debate el proyecto que busca consultar a los colombianos si quieren que la Constitución contemple esta sanción. Posiciones a favor y en contra se discutieron en el Congreso.
La cadena perpetua, una pena excluida en la legislación colombiana, “podría aplicarse” a los adultos que vulneren los derechos fundamentales de los niños menores de 14 años.
En ese tono condicional, los colombianos serían consultados para decidir si esta pena máxima se puede convertir en la sanción para quienes violen o asesinen a menores de edad.
Así lo decidió la Comisión Primera del Senado que aprobó, en primero de ocho debates, el proyecto de referendo que pretende que los colombianos, a través de una consulta en las urnas, decidan un cambio en la Constitución para que la carta política contemple la cadena perpetua.
Fueron 10 senadores los que decidieron darle trámite a este referendo del partido, luego que se modificara la redacción del proyecto.
El texto inicial abordado por el Senado decía que aquellos que atenten contra los menores de 14 años se les aplicaría la prisión perpetua. La decisión final fue incluir la palabra “podría” para evitar, como lo advirtió el senador de La U, Roy Barreras, “errores de desproporcionalidad”.
“El error consiste en que serían castigados todos los delitos y no se especifica cuáles son esos delitos. No es lo mismo que un joven de 18 años por cuestión de su desarrollo sexual abuse de una menor de 14 años, a que esto mismo lo haga un violador en serie. ambas conductas son reprochables, pero no se les puede dar a ambos el mismo castigo de cadena perpetua”, explicó Barreras en el debate.
El texto que aprobó el Senado, que no podrá modificarse en los siguientes debates, señala que además de los castigos contemplados en la ley vigente, se “podría” aplicar la prisión perpetua. No quiere decir que esta pena máxima sea la única sanción para delitos contra menores.
La iniciativa, bandera del Partido Verde y en especial de la senadora Gilma Jiménez, fue acompañada por los cuatro senadores del Partido de La U, los cuatro del Partido Conservador y uno del PIN.
Posiciones en contra
El Partido Liberal votó en contra. El Polo Democrático, que también rechazó el proyecto, se marginó de la decisión.
Los liberales han mantenido una posición ideológica frente a este tipo de iniciativas. De tiempo atrás han rechazado cualquier intento de modificación de la Constitución para imponer este tipo de penas máximas. El senador Jesús Ignacio García consideró que en un Estado Social de Derecho no puede existir una pena de tal magnitud.
Este partido, además, ha hecho numerosos reparos a que la fórmula para evitar cualquier delito sea el incremento de las penas.
Luis Carlos Avellaneda, del Polo, consideró que en el proyecto no se hace una dosificación de la pena porque se castigan por el igual el homicidio doloso, “que tiene una entidad muy grave”, con el delito de maltrato severo.
El gobierno, como lo expresó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, “ve con simpatía la iniciativa”.
Tras dos días de discusión, la fórmula para que la iniciativa superara su trámite fue establecer que entre las sanciones para los delitos contra los menores podría contemplarse la prisión perpetua.
El proyecto supera su primer debate y en diez días será discutido en la plenaria del Senado.
CARACOL RADIO
Corte Constitucional modularía decretos reglamentarios sobre emergencia por Radio conoció que la Corte Constitucional si podría modular el fallo o diferir sus efectos luego de la caída del segundo decreto de la emergencia social, económica y ecológica expedida por el gobierno para solucionar la crisis de más de dos millones de personas afectadas por las lluvias.
Este viernes, la Corte se reunirá para estudiar los decretos reglamentarios, es decir los expedidos a la luz de la segunda emergencia económica, entre los que están los subsidios de energía y gas para damnificados, beneficios tributarios y la reforma de las Corporaciones Autónomas regionales.
Caracol Radio conoció que algunos magistrados consideran aprobar el diferir o extender los efectos de estos decretos reglamentarios en el término de un año, específicamente los relacionado con fuentes tributarias de financiación.
Ante esta situación, uno de los decretos que sería diferido por tener efectos económicos es el de la adición presupuestal para el fondo de calamidades.
En este caso, la Corte buscaría aplicar la misma determinación de la emergencia social en salud, que fue también anulada, pero varios decretos reglamentarios que incluían aspectos económicos fueron postergados en sus efectos.
CMI
PRESIDENTE SANTOS ASEGURA QUE LA CORTE LO DEJÓ 'MANIATADO' PARA AYUDAR A LOS DAMNIFICADOS
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, se declaró respetuoso del fallo de la Corte Constitucional que tumbó la segunda emergencia social de su gobierno, pero advirtió sobre los efectos negativos que tendrá para que su administración pueda ayudar a los damnificados por el invierno, más aún cuando se avecina una oleada de lluvias más fuerte que la que acaba de azotar al país.
Por esta razón, el jefe de Estado le pidió al alto Tribunal modular el fallo, es decir, darle un plazo a las medidas para que tengan vigencia hasta cuando el Congreso las apruebe.
"Una petición a la Corte Constitucional para que estudie la posibilidad de modular el fallo que tiene que ver con el presupuesto de este año, porque simplemente nos quedamos sin la capacidad de continuar con los pagos para que las ayudas lleguen a los damnificados que hoy están sufriendo, mientras el Congreso nos aprueba la adición presupuestal", dijo el mandatario.
Durante una visita que realizó con el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, a las nuevas instalaciones del pabellón de alta seguridad de la Cárcel La Picota en Bogotá, el Presidente explicó que acudirá al Plan Nacional de Desarrollo para incluir ahí la mayor parte de las medidas que quedan sin piso por la determinación de la Corte.
"Nos preocupa mucho el fallo en el sentido de que nos ata las manos para ser más expeditos en llegarle a los damnificados, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no sufra en su continuidad", puntualizó Santos.
EL NUEVO SIGLO
SANTOS PIDE A CORTE AYUDA PARA ATENDER A DAMNIFICADOS
Ayer fue radicada una adición presupuestal por 5,7 billones de pesos.
Un llamado a la Corte Constitucional para que module el fallo sobre la Emergencia Económica, Social y Ecológica en el ítem relacionado con el presupuesto para las ayudas, hizo el presidente Juan Manuel Santos, para así no detener los programas de auxilios a los damnificados del azote invernal.
Tras declararse respetuoso de la decisión de la Corte que declaró inexequible la prórroga de la mencionada Emergencia por considerar que no hubo sustentación suficiente para ello, el presidente Santos dijo que hará todo lo posible para que el fallo no vaya a perjudicar a los colombianos que resultaron afectados por el fuerte embate del fenómeno de La Niña, a finales del año anterior, y que hoy son objeto de varias ayudas.
“Vamos a hacer todos los esfuerzos para que los damnificados no vayan a sufrir las consecuencias”, manifestó el Mandatario, quien también pidió a la Corte estudiar la posibilidad de modular el fallo, sobre todo en lo que tiene que ver con el presupuesto de este año, mientras tramitan una adición.
“Pedimos a la Corte, en forma muy respetuosa, que consideren esa posibilidad, porque simplemente nos quedamos sin la capacidad de continuar con los pagos para que las ayudas les lleguen a los damnificados que hoy están sufriendo. Mientras el Congreso nos aprueba el nuevo presupuesto, la adición presupuestal, pues sí nos sería muy útil tener esa capacidad de continuar utilizando los recursos que se disponen para poder ayudar a estos damnificados”, señaló.
Agregó que harán todos los esfuerzos para que las ayudas sigan llegando y acelerarán algunos trámites en el Congreso.
Explicó que el Gobierno prepara la presentación de la adición presupuestal, ya que uno de los problemas es no tener autorización legal para utilizar los recursos que invierten en la ayuda humanitaria.
“Vamos a incluir en el Plan de Desarrollo la mayoría de los decretos que se cayeron, que estaban incluidos en la segunda Emergencia”, expresó Santos.
Advirtió que las acciones son urgentes, ya que, de acuerdo con los pronósticos, la emergencia se va a agravar.
El Presidente expresó su preocupación porque el fallo “nos ata las manos para ser más expeditos en llegarles a los damnificados. Pero vamos a hacer todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para ver que el proceso que estamos llevando a cabo hace unos meses, que estamos afinando cada vez más, no sufra una solución de continuidad”.
Entre tanto, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, radicó en el Congreso de la República, la adición presupuestal por 5.7 billones de pesos.
De acuerdo con el alto funcionario, el proyecto lleva mensaje de urgencia para que sea tramitado de forma expedita por parte del Senado y la Cámara de Representantes.
Según Echeverry, los recursos con que cuenta el gobierno solamente alcanzarán para un mes, y de ahí la imperiosa necesidad en que la adición sea aprobada máximo en un mes por el legislativo.
El Ministro señaló que la adición no modifica el monto del presupuesto general de la nación que actualmente está vigente y que por ello, lo único que se busca es subsanar la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los decretos de la emergencia económica, ecológica y social.
Por su parte, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aseguró que el Gobierno no va a controvertir los fallos de los altos tribunales.
De acuerdo con el Ministro, la actual administración comenzó a evaluar de manera detenida los efectos del fallo y como va conjurar esta situación.
“Se están buscando alternativas y preocupan algunos temas que estaban amparados en la segunda emergencia”, subrayó el Ministro.
EL REFERENDO DE CADENA PERPETUA DIO PRIMER PASO
Comisión primera del Senado modificó texto de la iniciativa.
CON UNA votación de 10 a favor y cinco en contra, ayer la Comisión Primera del Senado aprobó, en su primer debate, el proyecto de ley que convoca a un referendo para decidir si se implanta o no la cadena perpetua para violadores y abusadores de niños en el país.
Sin embargo, hubo preocupación en algunos legisladores por la suerte que podría correr el proyecto, una vez pase a control constitucional, pues la Comisión decidió añadir una palabra al texto original, lo que en voz del senador liberal Jesús Ignacio García generaría un vicio de fondo: “Nos dice claramente la Corte Constitucional, ustedes como legislador, bien sea expidiendo una ley para convocar un referendo constitucional, no pueden limitar el alcance de lo que el pueblo quiso que se presentara como texto para ser votado”.
“Se podrá aplicar la pena de prisión perpetua de acuerdo con la ley”, fue la modificación que tuvo el texto ayer, después que una fuerte controversia por la desproporcionalidad de la pena que contempla la iniciativa estuviera amenazando con dilatar el debate y podría generar un trancón legislativo en la Comisión Primera del Senado, tal como lo anunció el senador liberal Luis Fernando Cristo.
De hecho, fue necesaria la intermediación del ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas, para poner de acuerdo a las mayorías en dicha Comisión, con la modificación al texto antes mencionada. En sesiones pasadas, el senador del Partido Social de Unidad Nacional (La U), Roy Barreras, había sostenido que era necesario hacerle ajustes al texto.
El senador conservador Juan Manuel Corzo señaló que la modificación que se hizo del texto original, no fue de fondo sino de procedimiento.
Con la decisión, la Comisión Primera acogió la tesis del representante a la Cámara por el Partido Verde, Alfonso Prada, quien le pidió al Senado “pelear con argumentos jurídicos” ante la Corte y defender la labor legal y constitucional del Congreso.
Al final de la sesión, los senadores conservadores, de La U y del Partido Verde, sacaron adelante la iniciativa. El Partido de Integración Nacional (PIN) y los liberales votaron en contra.
El senador Roberto Gerlein, del Partido Conservador, señaló que la discusión no se debe centrar en el tema penal, sino en aprobar la convocatoria de un referendo para que sea la ciudadanía quien acepte o no el texto puesto a su consideración.
Al final, el senador García dejó una constancia donde muestra su preocupación por cuenta del castigo de la cadena perpetua que se le impondría a aquellos que infringen maltrato a los niños, debido a que dicho maltrato no sólo contempla el físico, sino el psicológico, el cual puede ser generado por burlas, amenazas u ofensas contra el menor, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional en su jurisprudencia.
Aunque los senadores del Polo Democrático no asistieron a la sesión de ayer en la Comisión Primera, el martes el congresista Luis Carlos Avellaneda había manifestado su oposición al proyecto.
“Lo malo del proyecto es que trae cadena perpetua para varios delitos, homicidio doloso, maltrato severo, secuestro, violaciones sexuales y todos se castigan con cadena perpetua. Me parece que ahí hay una violación de un principio, que es la dosificación de la pena, que quiere decir que a delitos de mayor impacto a la persona que ha sido menoscabada en sus derechos, debe corresponder mayores penas y a menores daños, menores penas. Y aquí parecería que el delito de homicidio es igual que un maltrato severo”, aseguró el legislador.
Según Avellaneda, el proyecto trae un “error garrafal y es plantear el delito del maltrato severo, que hoy no está tipificado en el Código Penal, por lo que se estaría violando la Constitución”.
Por su parte, el senador liberal Luis Fernando Velasco también había indicado que con el proyecto como está redactado, se abriría la compuerta para meter de por vida en una cárcel a quien le pegue con una correa a su hijo, al igual que a un asesino y violador en serie Luis Garavito
VÍCTIMAS DEBEN DEMOSTRAR PERJUICIOS CAUSADOS PARA SER REPARADAS
La nación no está obligada a indemnizar a todas las víctimas de ataques provenientes de grupos ilegales, si no aportan las pruebas necesarias para demostrar que los daños a la población civil fueron causados por fallas atribuibles a organismos del Estado.
Así lo determinó el Consejo de Estado, al absolver a la Policía Nacional de cualquier responsabilidad en los supuestos daños que causó a la población civil un hostigamiento del frente 50 de las Farc a la estación de la Fuerza Pública en el corregimiento La Bella, del municipio de Calarcá (Quindío), el 18 de noviembre de 1997.
El máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, encargado de velar por los derechos de los ciudadanos frente a las decisiones y actuaciones de las autoridades administrativas, determinó que en este caso no se demostró ni la omisión ni la falla en el servicio por parte de los agentes del Estado que estaban defendiendo la estación de Policía atacada por las Farc.
“No se pudo comprobar en la demanda que existiera una conducta activa u omisiva, jurídicamente imputable a una autoridad pública, ni se estableció que el presunto daño se produjo como consecuencia directa de la acción o la omisión atribuible a la entidad accionada”, precisa la decisión.
Indica el Consejo de Estado que las pruebas aportadas en el proceso no permiten establecer que los daños que los demandantes afirman les fueron causados como consecuencia de la incursión armada, tuvieron real existencia.
“En el presente caso la parte actora no satisfizo la exigencia de allegar los elementos demostrativos suficientes para tener por acreditada la ocurrencia de los daños cuya indemnización pretende, las aseveraciones contenidas en la demanda no pasan del terreno de las simples afirmaciones, carentes de todo respaldo acreditativo”, concluye la sentencia.
En la Comisión Primera del Senado actualmente se encuentra paralizado el debate del proyecto de ley de reparación a víctimas, por cuenta del análisis que está haciendo dicha célula legislativa al proyecto del referendo para castigar con cadena perpetua a abusadores y violadores de niños.